ELISA SILIÓ
EL PAIS Madrid - 9 FEB 2019 - 00:18 CET
El Consejo de Europa impulsa un documento que reconoce la cualificación de exiliados para que puedan estudiar o trabajar en lo suyo
Cientos de refugiados han abandonado su país con lo puesto huyendo de las bombas o sus
perseguidores. Y con frecuencia han dejado tras de sí a su familia, su profesión, sus pertenencias y los documentos que acreditan quiénes son y cuál es su pasado. Ahora el Consejo de Europa —cuyo objetivo es la defensa
y promoción de los derechos humanos— se ha propuesto ayudarles a reconstruir su vida a través del Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, que acredita —tras una evaluación— su formación para
que puedan continuar sus estudios o trabajar en lo suyo en el país de acogida. Lo que comenzó en campamentos de refugiados de Grecia e Italia como proyecto piloto en 2017 adquiere ahora otra dimensión con la incorporación
de Alemania, Francia y otros cinco países entre los que aún no está España. Este papel “es la herramienta principal para integrar a los refugiados en las sociedades europeas”, dice el Consejo.
Ser refugiado es un estigma. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, recuerda que muchos españoles están sobrecualificados para su profesión, pero que la situación de los exiliados es mucho peor. “No parten de cero sino de menos 10 en su nueva vida: son de otra raza, religión, idioma... No tienen ni contactos ni familia que les apoye, ni nóminas o avales. Muchos no pueden acudir a sus embajadas —porque, a veces, sus Gobiernos les persiguen— y han pasado por situaciones traumáticas: muertes de familiares, encarcelamientos o torturas”.
El proyecto piloto, impulsado por el Ministerio de Educación de Grecia en 2017, ha sentado las bases de un programa que previsiblemente recibirá su impulso definitivo en marzo en la Comisión de Educación del Consejo de Europa. Este organismo no tiene competencias para expedir un documento oficial, por lo que cada uno de los 47 Estados miembros debe reconocer esta acreditación en su burocracia interna.
“Este pasaporte me recuerda lo que pasó con los republicanos que salieron al final de la Guerra Civil de España”, compara Francisco Michavila, consejero de Educación de España ante la OCDE. “El presidente de México Lázaro Cárdenas tuvo la gran generosidad de decir: ‘Bueno, aquí, aunque uno no tenga el título que demuestre si es arquitecto o ingeniero, si viene con dos avalistas se lo reconocemos. Y con los refugiados se intenta lo mismo”, prosigue Michavila, que acudió a la última reunión de Educación del Consejo de Europa.
El Convenio de Reconocimiento de Lisboa, firmado en 2007 —España se adhirió en 2009—, obliga a los Estados a desarrollar medidas para validar las cualificaciones de los refugiados sin documentos, pero poco se hizo durante una década. En 2012, durante una cumbre de 47 ministros de Educación en Bucarest, se volvió a abordar el tema sin que se avanzase. Y en 2016 un informe del Consejo puso de manifiesto que solo 15 de los 47 países emitían un exhaustivo documento de antecedentes que reconocía los estudios de secundaria y bachillerato, pero ni una palabra de los títulos universitarios. Ese año miles de refugiados llegaron a las costas y Europa por fin abrió los ojos ante el drama.
Las agencias para los refugiados de Noruega y Reino Unido han elaborado una metodología propia para acreditar su nivel de educación, su experiencia laboral y el dominio de idiomas. El candidato tiene tres semanas para responder a un test que se envía a dos evaluadores que tienen una semana para revisarlo. Al menos uno de ellos debe ser experto en la lengua y el sistema universitario del país del solicitante del pasaporte. Finalmente, ambos examinadores se entrevistan durante una hora con el aspirante.
Este es el proceso que siguieron la siria Rawaa o la joven Anwan Horani. Esta última, de origen palestino, vivió toda su vida en Siria, donde se casó. La pareja huyó de las bombas con una maleta muy pequeña, primero a Turquía y luego a Grecia, donde ella se examinó demostrando que es licenciada en Fisioterapia. Hoy, con una sonrisa, Anwan, que sigue un curso de Salud Pública Internacional en Noruega y en inglés, relata en un vídeo del Consejo cómo es su nueva vida: “Soy bastante feliz. En cinco meses he conseguido ser aceptada en un collegue y la gente está sorprendida. Me siento muy agradecida a Grecia que, pese a sus dificultades, nos abrió los brazos”.
El proyecto piloto, apoyado por ACNUR, se lanzó con tres sesiones de evaluación —73 de los 92 aspirantes lograron certificar su cualificación— en campos de Grecia. En una segunda oleada Grecia, Italia y Holanda acogieron otras cinco jornadas con 230 entrevistados. En esta última y tercera etapa, prevista hasta el 2020, las entrevistas ahora son también online para no limitarlas solo a los campos de refugiados.
“La gente se desmotiva sin sus títulos y opta por el reciclaje profesional porque tiene que sobrevivir”, explica Raquel Santos, coordinadora de Inclusión Laboral de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Si vemos que es muy complicada la homologación de sus estudios, les recomendamos que obtengan un certificado de profesionalidad. El de grado 1 (hostelería, ATS, turismo) no es muy difícil, pero para el 2 (puestos administrativos) te piden más requisitos de formación”.
El pasado noviembre, la Asociación Nacional de Centros de e-Learnig y Distancia (ANCED) lanzó con 12 socios europeos y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) el programa Refuskills con los mismos objetivos.
Mahmou es un refugiado graduado sirio. Tras pasar por Líbano y Turquía —cuenta el Consejo de Europa— llegó a un campo de Macedonia. “El pasaporte me ha despertado, tengo otra oportunidad en la vida”, cuenta ante las cámaras sin desvelar cuál era su ocupación. “Los trabajadores sociales me preguntaron qué sabía hacer y no tenía nada que enseñar. Este papel me ha salvado cuando peor estaba. La gente ha dejado de mirarme de forma diferente”.
