contrato para la formación y el aprendizaje

Urge un plan de choque de formación para el empleo

La falta de ejecución presupuestaria y la rigidez legal han destruido la mitad de las empresas del sector

Cinco Días. 22 de noviembre de 2018

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Durante los años de la crisis el Gobierno dejó de invertir 1.500 millones en formación para el empleo, lo que en la práctica supuso que 4,8 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, quedaron sin cualificar. Estos datos acreditan la necesidad urgente de que el actual Ejecutivo implemente un plan de choque que impulse la formación para el empleo y remedie lo antes posible la situación. Esa urgencia se sustenta también en el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se destinan partidas específicas para la capacitación de los trabajadores, pero en lo que llevamos de año apenas se ha publicado una pequeña convocatoria para la formación digital por un importe de 50,4 millones.

La Constitución confiere a los poderes públicos la responsabilidad de asegurar el acceso a la capacitación de las personas para el trabajo y la actualización de sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional. Hablamos de una cualificación profesional –que como derecho individual recoge también el Estatuto de los Trabajadores– esencial para la empleabilidad y de la que depende en buena medida la mejora de la competitividad de la economía española.

La formación para el empleo es siempre necesaria, pero en un país como el nuestro, en el que los porcentajes de paro son todavía muy elevados y en el que una parte significativa de los desempleados no tienen una cualificación básica que favorezca su inserción en el mundo laboral, es imprescindible. Conviene además tener en cuenta que la formación para el empleo se financia con los recursos procedentes de las cuotas finalistas para formación profesional que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social, a las que se suman otras cantidades otorgadas por el Fondo Social Europeo.

A la falta de ejecución presupuestaria hay que sumar la disminución de la formación programada por las empresas, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, como consecuencia de la inseguridad jurídica, la falta de flexibilidad y la excesiva carga burocrática que conllevan los sistemas de justificación e inspección. Una minoración que se ha producido al mismo tiempo que los contratos para la formación y el aprendizaje se reducían drásticamente, a un ritmo de 130.000 contratos menos al año, debido a la desaparición de la formación a distancia y la vinculación de la actividad formativa a los certificados de profesionalidad en modalidad presencial o teleformación.

Tradicionalmente España ha contado con un sector de empresas prestadoras de servicios de formación altamente profesionalizado, que cuenta con más de 15.000 empresas. Hasta 2014, las Administraciones públicas realizaban convocatorias anuales dirigidas a los agentes sociales quienes, a su vez, contrataban con esas empresas formadoras. Las convocatorias eran recurrentes lo que le permitió al sector invertir en mejoras productivas y en la calidad de la formación, así como en el desarrollo de contenidos formativos avanzados.

A partir de la modificación que se recoge en la Ley 30/2015, reguladora del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, los agentes sociales dejaron de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación y se trasladó ese papel a las empresas formadoras, exigiéndoles concurrencia competitiva. Sin embargo, se mantiene el sistema subvencional pensado para organizaciones sin ánimo de lucro y no para empresas inmersas en una actividad económica ordinaria.

Las convocatorias, tanto en el ámbito estatal como autonómico, no solo son escasas, sino que tienden a ser confusas y, a veces, inaplicables y con requisitos de gestión que en ocasiones rondan el absurdo. Esa situación ha ahogado el desarrollo de la actividad de formación para el empleo en los últimos cuatro años, ha provocado la destrucción de casi el 50% del tejido empresarial formativo existente en 2014 y ha afectado al colectivo de 150.000 profesionales, que han visto deterioradas sus condiciones de trabajo cuando no directamente abocados al desempleo.

La mejora de las condiciones laborales de empleados y desempleados, así como la sostenibilidad de la recuperación económica precisan de trabajadores y trabajadoras más y mejor cualificados para atender a la capacitación que demandan las empresas. Por eso es urgente la aplicación por parte del Gobierno de un plan de choque que impulse la formación para el empleo con la publicación antes de que finalice 2018 y con cargo a presupuesto 2018 de la convocatoria de oferta estatal correspondiente a este año, por un importe no inferior a 600 millones. Sería positivo que esa convocatoria planteara un escenario plurianual, que garantice una oferta formativa de calidad y permita una planificación estratégica de la formación. Los centros y entidades de formación podrían así incrementar sus inversiones en un marco de certidumbre y estabilidad normativa.

Una aplicación adecuada de la Ley 30/2015 requiere además de la contribución de los agentes sociales, sindicatos y patronal, la concurrencia de las empresas formadoras y la presencia de especialistas independientes que vuelquen su experiencia en una comisión de expertos, constituida por el Gobierno, al que tendría que elevar recomendaciones de aplicación inmediata. Esas sugerencias deberían incidir en la mejora de la identificación de las necesidades formativas y la evaluación de su impacto, el impulso a la formación programada por las empresas, la promoción de la impartición a través de las nuevas tecnologías, la reanualización obligatoria y automática de los fondos con la incorporación al siguiente ejercicio de los remanentes de crédito no asignados o la progresiva sustitución del actual sistema subvencional, entre otras. La aplicación urgente de esas medidas es esencial para relanzar las políticas de formación para el empleo, mejorar la cualificación de los trabajadores y afrontar con éxito los retos de una economía cada día más competitiva.

Juan Antonio Sánchez, Pedro Pablo Rey, Jorge Azcárate y Alfonso Aguiló son presidentes de Aegef, Cecap, Anced y CECE, respectivamente

Valeriano Gómez cree que debería haber más colaboración público-privada en la formación profesional

Durante la presentación en Valladolid del informe "La Formación para el Empleo en España" el exministro de Trabajo Valeriano Gómez cree que la formación profesional necesita que la colaboración público-privada sea "mucho más fuerte" para que la gran crisis económica que también ha tocado "de forma decisiva" a este sector "quede atrás". También ha asegurado que la estabilidad es "clave" para poder diseñar, sobre todo, cuando se depende de políticas públicas.

Durante la presentación del informe, también se ha hecho hincapié en que el desempleo se combate preparando a las personas para poder incluirlas dentro del mercado laboral y si hay capacidad de diagnosticar qué demandan las empresas para formar a la gente en los ámbitos de los que haya necesidad.

Respecto a años anteriores, Gómez ha asegurado que se registró una permanente reducción de la oferta de formación, porque en la estructura productiva española predominan las pymes y estas no tienen estructura ni diseño propio para llevar a cabo una gestión de la formación y obtener algún tipo de ayuda.

Además, el gasto real en formación empezó a decaer, incluso en la formación bonificada. De hecho, se pasó de registrar algo más de 400 millones en 2010 hasta reducirse en más de un 50% en los años siguientes.

El motivo es que el gasto que se haga en este ámbito debe hacerse, según el Tribunal de Cuentas, de forma eficiente de acuerdo a los términos de esta entidad de cuentas. Así, ha asegurado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está teniendo el problema de crear un marco de formación de calidad con requisitos de transparencia y objetividad.

El estudio pone de relieve que la prestación de la formación para el empleo es una "auténtica" actividad económica. Por ello, recoge 18 medidas para mejorarla e impartir una formación de mayor calidad.

Entre estas, destacan que las empresas aporten su experiencia dentro de los espacios de planificación plurianual para incrementar el conocimiento y la calidad del sistema de identificación de necesidades o que se ejecuten planes plurianuales de evaluación de la calidad de la formación para el empleo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda.

Por otro lado, entre otras medidas, el informe apuesta por establecer la realización anual de una campaña de sensibilización a cargo de las administraciones sobre el papel de la formación para el empleo, establecer la obligatoriedad de destinar el importe íntegro de los fondos procedentes de la cuota de formación de empresas y trabajadores, reanualizado de forma obligatoria los fondos no dispuestos, o mejorar los incentivos fiscales a la cofinanciación privada de la oferta formativa.

Por su parte, las asociaciones organizadoras del evento (AEGEF, ANCED, CECAP y CECE), han anunciado el Plan de Choque que han hecho llegar a las Administraciones Públicas conteniendo una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sector. Entre las medidas propuestas, las asociaciones han destacado la necesidad de dotar a las convocatorias de carácter plurianual, la reanualización de los fondos de formación profesional para el empleo, la sustitución del actual sistema de subvenciones, establecer mecanismos que eliminen la rigidez en los contratos para la formación y el aprendizaje, facilitar el acceso de las pymes a la formación programada por las empresas, la revisión del sistema actual de pagos y el fomento de modalidades de impartición de formación a través de nuevas tecnologías, así como la adecuación de la oferta formativa a la necesidades de trabajadores y empresas.

Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, las organizaciones del sector, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

En el evento también han intervenido el presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez; el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate; el vicepresidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Lorenzo Alonso; y el secretario general la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García. En sus intervenciones, han destacado como principal reto la necesidad de mejora del empleo y su calidad, reto que debe ser abordado en conjunto por la Administración Pública, los Agentes Sociales, las empresas y los trabajadores.

El acto fue clausurado por Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP

Jorge Azcárate, presidente de ANCED

El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez

Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de FUNDAE